domingo, 7 de mayo de 2017

Política Fiscal y Monetaria

La nueva política monetaria, cambiaria y crediticia

Por: Hemeroteca PL.
7 de Mayo de 2016 a las 11:00h

En 1985 se daba a conocer la nueva política monetaria. 

La Junta Monetaria aprobó nuevas medidas de Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia, fijando en el 12% anual la tasa máxima de interés que podrían reconocer o pagar a sus clientes.

Asimismo, se autorizaba al Banco de Guatemala para adquirir bonos del Tesoro, entre abril y junio de ese mismo año, hasta por 88.2 millones de quetzales, además de activar la política de financiamiento externo, en la medida que lo requiera la adecuada atención del presupuesto de divisas para pagos esenciales, entre otras medidas.

Las medidas, incluidas en la resolución JM-93-85 especificaban, en cuanto a política monetaria, las tasas de interés, fijando sus límites máximos para operaciones activas y pasivas de los bancos y sociedades financieras, de la manera siguiente: 12% que los bancos podrían cobrar a sus deudores por las diversas clases de préstamos y por cualesquiera otras operaciones con cédulas hipotecarias con garantía FHA.

Asimismo el 9% anual como tasa máxima de interés que los bancos podrían reconocer o pagar a sus clientes para la recepción de las diversas clases de depósitos de ahorro y plazo, emisión de obligaciones y por cualesquiera otras operaciones crediticias pasivas que se celebraran. En cuanto a las Sociedades Financieras, las tasas de interés que se aplicaran en sus operaciones activas quedaban libres.


En cuanto al encaje bancario, se mantenía la estructura de tasas en la forma siguiente: Sobre depósitos monetarios y de plazo menos, 35% y sobre depósitos de ahorro y de plazo mayor, 10%. Asimismo, se incluían operaciones de mercado abierto, requerimientos mínimos de capital comisiones bancarias, inversiones de IGSS y otras disposiciones.


Política crediticia
Sobre el renglón de crédito del Banco de Guatemala al sector público se autorizaba al Banco para que durante el período de abril a junio de 1985, adquiriera Bonos del Tesoro Ejercicio Fiscal 1985, hasta por Q88.2 millones.

El monto asignado comprendería las negociaciones de bonos efectuados con base en la resolución JO-77-85, y, además, se autorizaba al Banco para que otorgara crédito al resto del sector público por el equivalente de las amortizaciones que éste efectuara durante el período.

En el caso de INDECA, el financiamiento del Banco de Guatemala se regirá, además, por lo establecido en la Resolución JM-254-84 de esa Junta.

Además, se incluyó el crédito del Banco de Guatemala a los bancos y financieras con recursos internos, con recursos externos y tasas de redescuento, para créditos con recursos externos, así como las normas complementarias para el crédito del Banco de Guatemala a los bancos y a las Sociedades Financieras Nacionales.

Política cambiaría
Se instruyó al citado banco para que mantuviera una activa política tendiente a la obtención de financiamiento externo, en condiciones razonables en cuanto a plazo y costo, en la medida que lo requiera la adecuada atención del presupuesto de divisas para pagos esenciales, así como para promover las divisas que demandaran aquellas importaciones que, cuando no calificaran para ser atendidas dentro del mercado para pagos esenciales, propiciaran la recuperación de la actividad económica.

Se mantenía la facultad del Departamento de Cambios para que las personas individuales y jurídicas que contrataran directamente recursos con bancos o cantidades financieras del exterior, en moneda extranjera de libre convertibilidad, pudieran amortizarlos con parte del producto de las exportaciones que efectuaran fuera del área centroamericana.

Para ingresar a la noticia completa: http://www.prensalibre.com/hemeroteca/la-nueva-politica-monetaria-y-crediticia

Comentario

La funcionalidad de la política monetaria consiste en controlar y monitorear el comportamiento de la cantidad de dinero que circula dentro de la dinámica de mercado de un país este es regulado y administrada por el banco central el cual también posee la independencia del gobierno de modo que se eviten presiones para la generación de más dinero que el necesario esto es alcanzado con la ayuda de instrumentos legales tal es el caso de la política monetaria. El objetivo de esta es evitar la inflación en el mercado ya que esta tendencia genera reducción en el bienestar de la población reduciendo la capacidad de compra de los individuos. 

Derivado del análisis de la noticia podemos destacar que la política monetaria es una herramienta que permite a la entidad designada mantener un equilibrio de la cantidad de dinero necesaria para que circule en una dinámica de economía eficiente y sin vacíos que generen desviaciones de los objetivos planteados siendo estos el desarrollo y estabilidad económica de los pobladores económicamente activos del país.

Política Ambiental


IMPORTANCIA DE LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES

En términos generales el ambiente puede definirse  como el entorno dentro del cual se realizan todo tipo de actividades humanas y dentro del cual opera la sociedad en sus diversas dimensiones económicas, culturales, políticas y organizativas. De esta forma la comprensión de las relaciones existentes entre las actividades humanas y el medio natural dentro del cual también se incluyen los impactos positivos y negativos resultantes de las interacciones realizadas por lo tanto es obligatoria la generación política ambiental que respalde los recursos y garantice un uso eficiente.
 
La integración de la política ambiental en el concepto de economía social de mercado se realiza de conformidad con el sistema. La política ambiental está sujeta a las mismas reglas de decisiones que las demás políticas, es decir debe hacerse con los instrumentos de mercado. También la ecología debe responder a los criterios de efectividad y eficiencia. Los medios escasos que tiene a su disposición un país deben ser utilizados de la manera más racional posible. 

Podemos decir que de forma general los objetivos de las políticas ambientales se compactan a lo siguiente:
1. Promover la gestión sostenible y el estado del patrimonio natural, mejorando la conservación y la utilización sostenible de los recursos naturales, para coadyuvar a incrementar la calidad de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas del presente y del futuro.

2. Fortalecer la gestión de la calidad ambiental, promoviendo el crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad a escala nacional, regional y mundial, a partir de la incorporación del concepto de producción limpia en los procesos productivos, fomentando el uso de prácticas innovadoras de gestión ambiental previniendo y minimizando los impactos y riesgos a los seres humanos y al ambiente.

Los objetivos de las políticas ambientales gestionan acciones para:
• Recuperar las áreas naturales y los recursos degradados.
• Prevenir el deterioro del patrimonio natural y ambiental.
• Cumplir los compromisos internacionales.
• Perfeccionar el marco jurídico e institucional y desarrollar nuevos instrumentos de gestión.
• Promover el uso sostenible del patrimonio natural en el sector productivo.
• Fomentar la participación y el involucramiento de la ciudadanía


"La valoración de los beneficios de aplicar un instrumento ambiental se constituye en un elemento de juicio para la toma de decisiones."

Bibliografía
Binder, Klaus G., “El medio ambiente en la Economía Social de Mercado”. Universidad del Norte, Barranquilla, 2005.

Comentario

El tema ambiental es visto como una oportunidad y potencial para el desarrollo del país, debido a que brinda bienes y servicios ambientales de buena calidad a la sociedad guatemalteca, tales como el agua, productos maderables, energéticos, seguridad alimentaria, medicinas entre otros, por lo que últimamente este sector que es el ambiental  refleja en una creciente valoración por parte de cada uno de los individuos que se beneficia del mismo.

Entonces como hemos visto en la información presentada las políticas ambientales tienen como objetivo fundamental el desarrollo sostenible el cual es un modelo en el que se busca optimizar cada uno de las actividades realizadas por los individuos con la finalidad de reducir los impactos al medio ambiente y recursos naturales por medio de las legislaciones, leyes, normativas y políticas correspondientes.Es responsabilidad de todos practicar el conjunto de normas que rigen la conducta humana en pro del ambiente. Junto con el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación y de disfrutar de los beneficios del patrimonio natural.


Política Laboral


Para contextualizar sobre la temática de política laboral es necesario conocer el desenvolvimiento dinámico del mercado laboral y algunos conflictos que suelen presentarse generalmente, a continuación se presenta un material audiovisual el cual da a conocer de forma breve como es la dinámica del mercado laboral.


La constitución laboral de la Economía social de mercado establece derechos de:

1. Libre asociación
2. Celebración de convenios colectivos
3. Cogestión (participación laboral en la administración empresarial) El propósito de la cogestión es superar la posición del trabajador como otro factor productivo en la empresa, y fomentar la cooperación entre trabajadores y empresarios.

Comentario
Las políticas de trabajo o laborales son instrumentos que tiene la finalidad de orientar el mercado de trabajo el cual como cualquier otro mercado se encuentra sujeto a la dinámica de la oferta y demanda la cual se lleva a cabo de forma colectiva ya que entes o sindicatos laborales buscan asegurar y garantizar un ingreso acorde a las capacidades del trabajador y que esta al mismo tiempo represente una ganancia en recurso humano (experiencia fundamentada) al empresario

La mejor política laboral según las literaturas es que los actores indicados tengan la capacidad de crear condiciones generales que promuevan las inversiones para aumentar el empleo aportando así a llegar a condiciones de calidad de vida.

Política Social

Política social a la carta, 2016-2020

"En los últimos años, la política social ha derivado de manera cada vez más pronunciada hacia el tema de la pobreza. Cuando más de la mitad de la población se encuentra sumida en la miseria no hay otro lenguaje que capte mejor las preocupaciones de una sociedad."
José Vicente Quino

*José Vicente Quino es sociólogo y especialista en el área de pobreza. Enseña e investiga sobre este tema en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Guatemala (Flacso-Guatemala)

Los políticos toman al vuelo la oportunidad y sacan doble ventaja de la temperatura social, aunque de manera perversa, como lo demuestran algunos hechos.En 2008, Guatemala ingresó al club de países latinoamericanos que entregan transferencias monetarias condicionadas (TMC) a los pobres. En un alarde de agresividad en materia de política social, el gobierno de Álvaro Colom incrementó de manera vertiginosa el presupuesto asignado a ese programa, a tal punto que en 2010 éste representó el 0.34% del PIB. Las cifras de la medición de pobreza en la ENCOVI 2011 parecen reflejar una relación directa entre esta inédita redistribución de riqueza a los más pobres y la disminución de la pobreza extrema en cerca de dos puntos porcentuales, de 15.20 en 2006 a 13.33% en 2011.

Hasta ahí llegó la agresividad del autoproclamado partido socialdemócrata. A partir de 2011 el presupuesto de las TMC empezó a declinar también de manera estrepitosa. Pero el movimiento de prestidigitación había surtido efecto. El gobierno actual sigue repitiendo la cantaleta del combate a la pobreza, como lo hacen el resto de gobiernos del subcontinente, sean del color ideológico que sean. Y como en otros temas, las políticas contra la pobreza se desplazan convenientemente hacia el centro, donde la tecnocracia administra sin fricciones la agenda política.

Los manuales de política social en boga dicen que la atención a los más pobres constituye el primer eslabón de un sistema de protección social integral. Los siguientes niveles del engranaje deben estar bien engrasados para que nadie se queje por la falta de oportunidades de ascenso social.
En la práctica, por lo general sucede lo contrario, sobre todo en países con más desigualdad social. Aquí, por ejemplo, entre 2006 y 2011, la pobreza general aumentó casi tres puntos porcentuales. Aunque hay menos personas en pobreza extrema, los procesos de empobrecimiento siguen succionando cada día a más personas. Y el abismo parece insalvable…

¿Qué sucede con los demás eslabones? Ningún gobierno, con o sin voluntad política, ha logrado detener el progresivo deterioro de los sistemas de educación y salud pública. Con razón Guatemala sigue siendo el país con el menor gasto social en América Latina y El Caribe, como lo demuestran datos de la CEPAL. En otras palabras, no hay puentes que allanen el camino para los más pobres con destino a una sociedad donde quepan todos.

En este contexto, ¿qué significa la publicidad sobre la lucha contra la pobreza? ¿Cómo evaluar las palmaditas de congratulación que los gobiernos reciben de la comunidad internacional por el ‘aumento continuado del gasto social’ reportado en los informes más prestigiados? Tanta marimba y tanta chirimía[1] parecen responder a un bien calculado esquema de gobernabilidad en que es un requisito la paz social. Y en ese esquema es insustituible la función de legitimación que acompaña a toda política social. Con la salvedad de que en esta etapa de capitalismo senil, ya no se trata de una política social como lo fue la del clásico Estado de bienestar. Allí convivían sinérgicamente industria, pleno empleo –cuando no había crisis—política social y acumulación. Hoy esos asideros no existen ni para los países centrales, tanto menos para países con capitalismos tropicales.

Por lo tanto, en el menú de política social están tachados los platos gourmet que pudieron haberse elegido hace 50 años. En contra del discurso convencional que insiste en que los gobiernos construyan edificios de protección social cada vez más robustos e incluyentes, los gobiernos más progresistas se contentan con diseños en que a lo sumo se puede alabar la disminución significativa de la pobreza y los esfuerzos para contener la desarticulación de sus sistemas de salud y educación. Para gustos menos exigentes, como el de los Estados más excluyentes, se ofrecen opciones mucho más baratas, como las que permiten un gasto social alrededor del 7% sobre el PIB, muy por debajo del promedio regional que se sitúa en 17.9.


Tomando en cuenta ese margen de maniobra cabría preguntarse si, para el caso guatemalteco, se perfila alguna fuerza progresista capaz de darse un lujo en el menú de la política social, que al menos tienda a alcanzar el promedio de gasto social de América Latina en el próximo periodo de gobierno.  ¡Con la derecha no hay tales, es muy tacaña!
Para ver la noticia en la fuente directa ingresar a https://www.plazapublica.com.gt/content/politica-social-la-carta-2016-2020

Comentario

Según las literaturas sobre economía, política y estado estos hacen referencia a que las políticas sociales tienen como objetivo mejorar el bienestar de la sociedad garantizando la calidad de vida de los pobladores por medio del estado, estas pueden ser globales o especificas tal sería el caso de la reducción de diferencias sociales como lo es hoy en día la pobreza.

Correspondiendo a la publicación de la noticia presentada desde el contexto guatemalteco, los grupos políticos encargados de la generación de políticas, leyes y normativas únicamente velan por sus intereses de tal modo que adaptan dichos instrumentos con vacíos o lagunas de información generando así incertidumbre y desviando de los objetivos fundamentales dichas políticas afectando de forma directa al trabajador social y a todos aquellos actores que interactúan dentro de dicho sistema.

Competencia Funcional

En la Economía Social de Mercado (ESM) se ha optado por el concepto de la “competencia funcional” el cual es considerado un pilar de la economía social de mercado este concepto hace referencia a que el Estado, la sociedad, los productores y los consumidores tienen que estar alertas de que la competencia funcione en el sentido de asegurar una asignación eficaz de recursos, de ofrecer productos de buena calidad a precios adecuados a la demanda y oferta, de garantizar la transparencia y de evitar comportamientos anti-éticos. 

Dado que también en la competencia funcional existe la tendencia hacia la concentración gracias a la libertad empresarial, el concepto de la competencia funcional exige la posibilidad de intervenir en la competencia para mantener su funcionalidad.

El principio fundamental de la ESM para la competencia funcional:

"El máximo de libertad competitiva posible, el mínimo de intervención estatal necesario"

La ESM se considera afín a la competencia funcional un grado de concentración del 20 al 25%. No se estima peligroso para la funcionalidad de la competencia, si una empresa domina 20 a 25% de la oferta o de la demanda en un cierto mercado y si tiene varios competidores.

En la competencia funcional se considera ‘legítimo’ lograr un lucro, pero no un ‘lucro asegurado’ a través arreglos con los competidores potenciales, es decir repartiendo el mercado con competidores o acordar con ellos precios u otras condiciones del mercado. Es por esto que surge la necesidad de hacer referencia y estar alertadas a los oligopolioa, un ejemplo de esto sería que los competidores pudientes deciden acordar precios y establecerlos. 

Comentario

La competencia funcional es fundamental y necesaria en cualquier sistema o modelo económico que se encuentre desarrollándose la economía ya sea en un contexto libre o socialista, el objetivo de la competencia funcional es generar interacciones de calidad es decir la generación de productos de alta calidad dentro de los precios establecidos según sea el mercado, también busca garantizar la transparencia y evitar la corrupción dentro de este sistema ya que como en cualquier otro esta puede estar sujeta a centralizaciones o concentraciones derivado del abuso de la libertad empresarial. Entonces la competencia funciona hace referencia a que cuando se lleve a cabo un proceso económico se da la posibilidad al estado de intervenir en la competencia del mercado para poder mantener una eficiencia y funcionalidad equilibrada.

Estado y Economía



Economía
Por José Molina Calderón
17 de Mayo de 2016 a las 11:45h

Ley de competencia

En el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea y Centroamérica se hizo el compromiso de que todos los países centroamericanos tenían que tener una Ley de Competencia, para ser aprobada antes del 30 de noviembre del 2016.

El Ministerio de Economía, en nombre del Organismo Ejecutivo, entregó al Congreso de la República dicho proyecto de ley, cuya Exposición de Motivos se resume seguidamente.

Promover por ley la competencia
El artículo 130 de la Constitución Política de la República establece la prohibición de monopolios y que el Estado debe proteger la economía de mercado e impedir las asociaciones que tiendan a restringir la libertad de mercado o a perjudicar a los consumidores. A pesar que este mismo artículo establece que las leyes determinarán lo relativo a esta materia, esta disposición constitucional hasta el momento no ha sido implementado mediante un instrumento legal que permita la persecución de las conductas que dañan la libre competencia en los mercados de bienes y servicios en el país.

La iniciativa de Ley de Defensa tiene además como fundamento los artículos 43 y 119 de la Constitución Política de la República; el primero de estos reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, mientras que el segundo establece entre las obligaciones del Estado la de promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza; e impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad.

Prohibiciones
La parte sustantiva de esta iniciativa de ley contiene tres tipos de prohibiciones y una medida de control para reducir posibles daños a la competencia. El primer tipo de actos, conductas o prácticas prohibidas está constituido por los acuerdos entre agentes económicos competidores, cuyas infracciones más graves son la constitución de carteles y las licitaciones colusorias, los cuales se consideran nulos de pleno derecho y los participantes quedan sujetos a sanciones. El segundo grupo de prohibiciones se integra por los acuerdos entre agentes no competidores que restringen o pueden restringir la libre competencia, o sea que comprenden las prácticas que se llevan a cabo dentro de las relaciones comerciales de proveedor-cliente. El tercer tipo de prohibiciones se refiere al abuso de la posición de dominio que tienen en el mercado uno o varios agentes económicos.

La medida de control propuesta en esta iniciativa de ley se refiere a la concentración económica mediante la notificación previa. La finalidad es evitar que se concreten aquellas fusiones entre agentes económicos que tengan la potencialidad de incrementar la posición de dominio en el mercado de una industria dada, y con ello un posible abuso de explotación de consumidores y/o exclusión de competidores.

Superintendencia de Competencia
En lo que se refiere al marco institucional, se propone la creación de la Superintendencia de Competencia, ente colegiado encargado de la aplicación de la ley, con autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, así como personalidad jurídica y patrimonio.

El procedimiento administrativo propuesto en la ley se rige por los principios de respeto a las garantías de derecho de defensa y debido proceso, confidencia, equidad, igualdad ante la ley, publicidad, probidad y celeridad; la confidencialidad en el resguardo de la información es un criterio de la máxima prioridad en la ley. En el marco de esta ley se propone el recurso de impugnación de las resoluciones: el recurso de revocatoria el que se interpondrá y tramitará en la forma que determina la Ley de lo Contencioso Administrativo, con la finalidad de garantizar debidamente el derecho de defensa.

Al tenor de la legislación moderna en materia de competencia vigente en muchos países del mundo, esta propuesta de ley se caracteriza por tener un carácter disuasivo en lo que se refiere a las infracciones y sanciones. A este respecto, las sanciones pueden ser de tipo remedial, especialmente a través de la figura del cese de prácticas prohibidas por parte de los infractores y la aplicación de condiciones que restablezcan la libre competencia.

Para ir directamente a la noticia:
http://www.prensalibre.com/economia/ley-de-competencia

Comentario
¿Qué relación tiene el estado y la economía?                                                                                           En pocas palabras podemos decir que la participación del estado dentro de la dinámica de la economía es ser una línea guía o una base.  Es el ente encargado de velar por el cumplimiento de normas y la generación de nuevas o actualización de las existentes, esto con la finalidad de buscar una mayor transparencia en las interacciones y un beneficio mutuo entre los actores implicados.
Esta relación pretende generar parámetros entre los competidores pero al mismo tiempo pretende garantizar la libre competencia esta es aplicable a todos los agentes económicos implicados y en todos los sectores sin excepción alguna. Esto hace que el consumidor tenga acceso a mejores productos y servicios relacionados a un precio pudiendo ser este menor.

Actualmente en Guatemala no existe una política o ley de competencia, pero si existe el compromiso ante la Unión Europea de generar una según el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centro América. En su artículo 279.

Responsabilidad de los Actores

Por Diario La Hora - Jul 21, 2015
POR GRECIA ORTIZ
gortiz@lahora.com.gt
97.3% de los guatemaltecos tiene un trabajo, pero la mayoría es informal

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que 6.3 millones de personas conforman la Población Económicamente Activa en Guatemala y de esas, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 2-2014, 4 millones 035 mil 118 tienen un empleo en el sector informal y solo 2 millones 096 mil 877 del sector formal, lo que deja en evidencia la precariedad y la falta de protección para la clase trabajadora en el ámbito social del sector privado siendo este el principal promotor y generador.
Las estadísticas de empleo, en teoría, dibujan un panorama positivo para Guatemala. Las cifras oficiales dan cuenta que solo el 2.7 por ciento de la población en edad de trabajar está desempleada, mientras que el restante 97.3 por ciento, la gran mayoría, tiene un trabajo.
Así las cosas, Guatemala podría ser la envidia de países como España, donde la tasa de desempleo se encuentra en 22.7 por ciento; Grecia, con 25.4 por ciento de paro, o incluso Alemania, donde el porcentaje es de 4.7, según el reporte de abril pasado. Sin embargo, las cosas no son tan buenas para los guatemaltecos. De los 6 millones 129 mil 900 en edad de laboral, solo 2 millones 096 mil 877 –el 33.28 por ciento– tienen un trabajo estable en el sector formal, es decir, con la garantía de un salario mínimo, acceso a seguridad social, vacaciones y prestaciones.
La mayoría, es decir 4 millones 035 mil 118 –el 66.72 por ciento–, están empleados en el sector informal, principalmente en el sector del comercio y la agricultura, lo que significa que están desprotegidos por la legislación laboral y no tienen certeza de que sus ingresos sean estables cada mes.
Según el INE, al menos 8 de cada 10 personas ubicadas en lo informal residen en el área rural, lo que da lugar a pensar en la precariedad de sus ingresos. El promedio de salarios a nivel nacional ronda los Q2,207 quetzales, en comparación a los Q1,471 del promedio rural. Con esos salarios, los empleados difícilmente pueden adquirir los alimentos para subsistir. El INE refiere que el costo de la canasta básica, el estimado del precio de los alimentos para una familia de cinco integrantes, hasta junio de este año, se situó en Q3 mil 405.60 quetzales.
Si bien la precariedad del empleo en el sector informal es un serio problema, tener un trabajo formal tampoco garantiza un ingreso para vivir en condiciones adecuadas, pues constantemente se incumple la legislación que protege a la clase trabajadora.
Para conocer la noticia completa ingresar ir al link:
http://lahora.gt/97-3-de-los-guatemaltecos-tiene-un-trabajo-pero-la-mayoria-es-informal/

Comentario

Posterior al análisis de la noticia relacionada esta al ámbito social del sector privado dentro del principio de subsidiariedad se identifica que actualmente este no cumple con el mismo lo cual puede verse reflejado en la economía informal siendo esta el motor de funcionamiento de la economía del país derivado de los ingresos que genera sin embargo esto no significa o se define como calidad de vida ya que la gran parte de este sector no posee los recursos básicos y sobrevive día a día.

Podemos reconocer que la mayor precariedad del empleo en Guatemala se concentra en el área rural. Según expertos en la materia el problema reside en la baja creación de empleos por parte de ambos sectores siendo este el privado y público, pues cada año ingresan al mercado de trabajo 200 mil jóvenes